Culiacán: los atajos al precipicio

Culiacán
Foto: Twitter Aldeco

No es una opinión: México está crucificado por un gobierno notoriamente inepto, y por una violencia extrema que, sin diques, se desborda a sí misma… A manera de contexto, no traemos una historia muy santa que digamos con el estado de Derecho, y el asunto ya de por sí estaba complicado. En el otro país, no el de las estructuras formales, sino en el de “tierra”, no gobierna nadie, y la vida transita por los traslapes, acuerdos y enfrentamientos que, de manera atropellada, frecuentemente violenta, y ocasionalmente mortal, tienen corporaciones de seguridad y grupos delictivos, irregulares o formales, que también los hay, sin que se pueda siempre distinguir la ubicación de cada quien y cada cual en el difuso mapa de nuestras leyes, acomodos y criminalidades. Algunas policías comunitarias y autodefensas lo son, pero no siempre y cada vez menos. Es probable que el presidente intuya bien este desmadre, y que así como transforma sus prejuicios en amenazas, que puede cumplir individualmente, diluye su impotencia frente al México del poder real, el poder local, con mensajes conciliatorios que más que apaciguamiento, anuncian con lastimosa insistencia una claudicación por adelantado, análoga a la que él exige en la palestra política. Porque el presidente, gobernar, lo que se dice gobernar, pues no, no gobierna. Como tampoco gobiernan, a pesar del nombre, la mayor parte de los gobernadores, convertidos esencialmente en administradores de contratos. 

Ciertamente se toman algunas decisiones importantes. El presidente anda en ello, aupado por las encuestas y subordinaciones varias. Buena parte del empeño se enfoca en demoler estructuras del Estado, frágiles pero indispensables soportes de libertades y derechos, servicios y apoyos públicos, fundamentalmente en seguridad, educación, salud y programas sociales diversos. La guerra relámpago contra las instituciones lastimará a decenas de millones por mucho tiempo, quizá generaciones, pero lo que quede del Estado por ahora basta y sobra para despejar el camino de opositores y disidencias. 

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Ni todo es tan nuevo, ni todo es tan viejo. Desde luego hay una ruptura con el sexenio de Calderón que, con errores y problemas sin fin, enfrentó a las estructuras criminales, terminó con índices delictivos a la baja (es el caso de los asesinatos y el robo con violencia) y dejó una nueva Policía Federal. Hay en cambio continuidad con el gobierno de Peña, que enfrentaba al crimen organizado casi por error, y en ocasiones incluso lo alentó, como fue el caso con algunas “autodefensas” en Michoacán, en realidad extensiones de lo que pronto se convertiría en una organización delictiva de primer orden, el “Cartel Jalisco Nueva Generación”. También hay continuidad con el predecesor que debilitó seriamente a la Policía Federal, al correr a policías de experiencia, destruir sus estructuras, y colapsar sus sistemas de información. Terminar la demolición pareció una ejercicio de parsimonia después del asalto que había sufrido la institución los años previos. La Guardia, en tanto extensión de las Fuerzas Armadas, difícilmente cuenta, por ahora, como una construcción institucional diferente a lo que ya tenemos. Rollos a un lado, con tamaña crisis, los recursos para seguridad crecieron 0.4% este año y crecerán 0.8% el año entrante. La inseguridad podrá ser prioridad para la gente, pero no lo es para el gobierno. El caso es que, en el despeje de quiebres y continuidades, nada más absurdo que sumar a Calderon y a Peña en una “docena trágica”. Son dos tiempos opuestos: en un sexenio se enfrentó a las organizaciones criminales y se construyeron instituciones; en los otros dos, el pasado y éste, se abandonan ambas responsabilidades. Con estos trasfondos ya no es casual que, simbólicamente, ambos sexenios se hermanen alrededor de la familia Guzmán, con la fuga de “El Chapo” en 2015, y ahora con la liberación de su hijo.

Por lo tanto, Culiacán desentona por la magnitud del enfrentamiento, pero no con antecedentes inmediatos, ni tampoco con la propia historia, porque lo han dicho en todos los tonos y desde hace mucho tiempo: los violentos no son los violentos; lo violento es, con definiciones igualmente tergiversadas, “el Estado”, que es simultáneamente entelequia poderosísima, y gobierno de cualquier denominación política que no sea la suya. Por añadidura automática, violentos también son quienes defiendan leyes que, salvo indicación en contrario, son intrínsecamente injustas. Dicho y hecho. Desde que llegaron se abrieron “diálogos” desde la secretaria de Gobernación con grupos criminales; que se sepa, en Michoacán y en Tamaulipas, más los mensajes de comprensión y apoyo a la familia Guzmán desde un inicio.

Lo que sí es nuevo a partir de este gobierno es que nunca la seguridad se había subordinado de manera tan cruel a un imperativo político, y lo que sí es nuevo desde Culiacán es que ya hay un entendimiento explícito, declarado y descarado, entre una parte oficial y otra criminal. No de todo el gobierno (en especial hay que restar a los muchos que en las áreas de seguridad no comparten lo que hoy se pregona), ni de todos los grupos criminales, aunque para todos se abren oportunidades, pero el caso es que nunca una organización criminal de esa importancia había agradecido nada a un gobierno, ni expresado su alineamiento político al manifestar que en realidad el problema son los enemigos del presidente. Escandaloso maridaje, como escandaloso es el acopio de cinismo para deslizar que la culpa podría ser de un juez que no liberó a tiempo una orden de cateo, o del Ejército o, de perdida, de los elementos que se mandó al matadero. Valiente liderazgo, acorde con tiempos en los que jueces, policías y militares son carroña política, pero el detalle de la deslealtad importa porque incluso en nuestra caótica vesania, en algunos rincones perduran códigos de valor y de honor que, al ser pisoteados, seguramente dejaron heridas, muchas de las cuales supuran mediante filtraciones a granel, por lo pronto. 

Pero ya encarrerados, el atrevimiento de claudicar va derecho y no se quita, porque soberbia sobra, y se vende como estrategia de paz. Ése es el “mensaje Culiacán”, el mismo desde que se inició la larga campaña al poder, hace más de dos décadas. Le dicen “estrategia”. The Economist la llama, quizá con asombro, quizá con ironía, la “doctrina AMLO”, porque en el rejego mundo real, no hay un solo indicador que permita la ilusión de que vaya a reducirse la violencia, principal insumo de nuestra ingobernabilidad. 

¿Cómo pinta entonces el panorama? Continuarán los enfrentamientos entre predadores. Una suerte de feudalización criminal esencialmente inestable porque no hay reglas, ni árbitro, ni predominio de nadie, ni gobierno que entienda para qué se supone que existe. Aunque todavía hay instituciones de seguridad que presentan un reto o un obstáculo para algunas organizaciones en algunos lugares y momentos, las principales enemigas de las organizaciones criminales son otras organizaciones criminales. Las que se expanden desde Jalisco y Sinaloa se enfrentan porque quieren todo, y quieren todo porque creen que pueden. En el lado estatal (porque, con todo, aún puede hablarse de “lados”), hay una balcanización de corporaciones debilitadas e inconexas. Desaparecida la Policía Federal, y retirada la Marina del escenario, queda como única fuerza nacional un Ejército desbordado, que además debe crear una Guardia que no sólo tiene un problema de identidad, al colocar mandos y ordenamientos militares para una función civil, sino que encima recibe instrucciones que lo desnaturalizan, como perseguir migrantes mientras el país se desangra. Es pronto para decir si el Ejército se está fortaleciendo o debilitando, pero que le endilguen a nivel constitucional la responsabilidad de la seguridad pública de México no es una buena noticia para nadie. 

Como las obviedades hoy son sospechosas, también hay que aclarar que militarizar responsabilidades civiles no es compatible con un sistema democrático que debería ampliar derechos y libertades, y subrayar que la militarización no funciona para atender temas de seguridad pública, los cuales requieren inteligencia, investigación y proximidad social, y no despliegues operativos. Pero además no habrá Ejército ni Guardia que alcancen si no se desarrollan fuerzas policiales locales. Y se sabe, incluso se ha medido, que esas policías no se desarrollan, sino que medio sobreviven. Las que más se ocupan de ellas son las bandas interesadas en sobornarlas e intimidarlas… y matarlas, a razón de más de un policía diario en promedio, lo que, cercanos aparte, a nadie parece importarle. Mientras tanto, los gobernadores y alcaldes, asustados y sumisos, ya tienen permiso para sus propios arreglos locales con esas mismas bandas asesinas, y sólo esperan a que lleguen pedacitos de la Guardia. Quizá no todos se sientan bien cobijados por la demagogia infinita que arreglará todo con mensajes buena onda al mundo criminal, desplegando los mismos soldados, ahora como guardias, y repartiendo cheques. Y, como digan lo que digan, el mercado sí existe, continuará la privatización de la “seguridad”, con escoltas para los ricos; con comunidades mutando en autodefensas; con los gobiernos creando policías “auxiliares” como negocio; y todos, los de arriba, los de abajo y los gobiernos, comprando y vendiendo “protección” en esta gigantesca feria de extorsiones en que se ha convertido el país.

No es un tema de partidos, es un tema de criminalidad violando serialmente a la política, a la seguridad y a la ley. Es la hipocresía conviviendo con la desvergüenza aunque, pensándolo bien, no está mal el descaro, que significa precisamente la caída de las últimas máscaras que disimulaban el nivel de podredumbre que asfixia al país. 

De impunidad está hecha la bomba que, en eterno retorno, nos estalla a diario, y nos estallará, porque a la pregunta de si la violencia en el país es incontenible, la respuesta corta es “sí”. Claro que se pueden proponer y hacer cosas distintas: no destruir a la Policía Federal y fortalecerla para no seguirle cargando la mano a las Fuerzas Armadas; poner en marcha una enorme reforma policial y ministerial; retomar el control de las cárceles, porque sí se puede; convocar a los expertos para que diseñen y operen acciones de prevención en todo el país. Y pues sí, habrá que insistir en poner todo eso sobre la mesa, aunque hoy el menú sólo tenga dos platos: humillar al Estado, y tenderle la cama a criminales.

José Antonio Polo
Director de Causa en Común