Defensores de pederastas: así encubren los pecados de la Iglesia católica en México

Episcopado
Foto: Pic Comunicado de lineas de acción para la protección de menores, CEM
En 2003 en la Catedral Metropolitana, Luis Fletes Santana -entonces obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México- resumía así su apoyo a quienes cometían delitos: “a persona muy degradada en su conducta se le debe dar la oportunidad y apoyo para que se supere, no es cosa de que vamos a empezar a deshacer la sociedad y que solamente queden los buenos”.
Y como si esas palabras hubieran sido un presagio, poco después el mismo obispo recibió esa “oportunidad” que pedía para personas “muy degradadas”. Evadió un proceso penal por abuso de menores gracias a un arreglo extrajudicial.

No fue el único que logró salvarse. A esas “negociaciones espirituales” recurre constantemente la jerarquía católica para evitar que sus “hijos”, como ellos llaman a los sacerdotes, sean procesados por las autoridades civiles cuando son acusados de abuso sexual a menores.

Estas negociaciones se realizan en la mayoría de los casos en las oficinas eclesiásticas e intervienen obispos y cardenales.

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Pero para Luis Fletes el trato fue especial. No era un sacerdote común, era un obispo, así que los acuerdos se realizaron en oficinas del gobierno federal, revelan a Newsweek México fuentes cercanas a la jerarquía católica, quienes conocieron de cerca el caso.

Del 21 al 24 de febrero pasado, en la Ciudad del Vaticano se realizó el encuentro sobre protección a menores en la Iglesia, convocado y presidido por el papa Francisco. Ahí se trazó la ruta a para prevenir y atender los casos de abusos sexuales a menores por clérigos. En el marco de este encuentro se dieron cita víctimas de pederastia clerical, organizaciones civiles que defienden los derechos de las personas que han sufrido abuso y abogados que representan a los sacerdotes.

Durante las jornadas de trabajo se insistió en la creación de un código de conducta para saber cómo proceder en momentos crisis, como si no existiera ya la norma para los obispos, la cual señala que, al recibir las acusaciones de abusos, deben de iniciar una investigación y denunciar ante las autoridades civiles.

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Al cierre de esta edición, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que han sido retirados del sacerdocio 157 sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores en los últimos nueve años, datos proporcionados por la Nunciatura apostólica. Además, actualmente se tiene a 101 sacerdotes acusados de este delito en procesos penales ante autoridades civiles, según datos de 64 diócesis.

El presidente de la CEM, el arzobispo Rogelio Cabrera declaró que desconocía los nombres de los sacerdotes involucrados en estos abusos, porque las diócesis no tienen obligación de proporcionar al Episcopado esa información por ser autónomas y solo rendirle cuentas al Papa.

Los acuerdos sin justicia

Tan sólo en México, se calcula que de cada 10 acusaciones por ese delito que se presentan ante la jerarquía católica, sólo dos o tres son presentadas ante los ministerios públicos. La mayoría de los padres de las víctimas prefieren una negociación que enfrentarse a la autoridad eclesiástica, favorecida la mayoría de las veces por las autoridades civiles, quienes se han encargado de amedrentar a los denunciantes o demorar sus procesos judiciales.

Con estos acuerdos privados, algunos ante notario, los obispos y superiores de congregaciones entran en desacato con las normas eclesiásticas, las cuales establecen que la jerarquía católica debe denunciar ante las autoridades civiles y eclesiásticas los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.

Y bajo el velo del encubrimiento, se dan a la tarea de buscar a personas de su confianza, los denominados “intermediarios”, para negociar con las familias y disfrazar así su participación en esos acuerdos. De esta forma evaden una posible acusación ante el Vaticano por no denunciar al clérigo abusador.

Los representantes de la Iglesia, los que negocian, son hábiles y anteponen la fe de los denunciantes para iniciar las negociaciones, su razonamiento es “si los familiares de las víctimas acuden a la Iglesia en primera instancia, es porque aún creen en esta” y lo consideran un punto a su favor, porque el diálogo se puede iniciar.

Un arreglo en las primeras reuniones es vital –cuentan— porque, en la mayoría de los casos, los padres de familia que acusan van sin abogado “es decir de buena fe y de esta forma es más fácil entablar un diálogo” y desanimarlos de acudir a las instancias judiciales.

La pregunta aquí es en cuánto valora la jerarquía católica mexicana el daño por un abuso sexual a menores. La respuesta de los “negociadores” es rápida: “depende de la familia, lo menos que se ha llegado a pagar son 20 mil pesos y lo máximo 300 mil”. También, explican, es de acuerdo a la gravedad de las acusaciones, porque en ocasiones sólo son tocamientos y en otras sí hay penetración, pero en todos los casos ellos firman y se comprometen a no hacer pública la negociación y olvidarse del sacerdote pederasta.

En México en los últimos años se han presentado denuncias de abusos sexuales a menores por clérigos en 23 estados, pero se desconoce el número de casos y de víctimas, la mayoría de los obispos no consideraban éste tema como prioritario y no han realizado una revisión de archivos.

Tan sólo la nunciatura apostólica tiene registrados 157 casos de sacerdotes acusados de pederastas en los últimos nueve años, cuyos expedientes fueron enviados al Vaticano y que fueron dimitidos del ministerio sacerdotal.

Con información de Newsweek.