Migración da ultimátum a sus directivos para que den ‘aportaciones voluntarias’ al gobierno

Migración da ultimátum a sus directivos para que den ‘aportaciones voluntarias’ al gobierno
Foto: Twitter Animal Político

Oficiales de la institución denuncian presiones para pagar y temen que quien no renuncie a esa parte de su salario sea despedido en el futuro.

El Instituto Nacional de Migración (INM) quiere que sus directivos realicen las denominadas “aportaciones voluntarias” de su salario y de los aguinaldos decretada por la secretaría de Hacienda el pasado mes de julio y dio como fecha límite para ponerse al corriente el 11 de enero.

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En principio, se trata de renuncias económicas que la administración de Andrés Manuel López Obrador presentó como voluntarias. Sin embargo, en la última semana, los funcionarios han recibido presiones para ponerse al corriente tanto a través de correos electrónicos como mediante llamadas telefónicas. 

Las “aportaciones voluntarias” son un mecanismo ideado por la secretaría de Hacienda por la que los cargos medios y altos de cada institución donan una parte de su salario y del aguinaldo que depende del escalafón en el que se encuentran. Han sido llamados a participar todos los funcionarios con rango de subdirector para arriba. 

Según pudo saber Animal Político, la petición actual es que los funcionarios se pongan al corriente de los pagos. Es decir, que quienes no hayan pagado en los últimos meses, lo hagan ahora.

La orden fue desde administración y se hizo llegar a todos los directivos de área advirtiéndoles que se informaría a los superiores sobre cuánto aportó cada funcionario. Esto fue interpretado por los oficiales como una forma de presión. Además, en posteriores llamadas telefónicas recibieron el mensaje de que su puesto de trabajo estaba en peligro en caso de que no cumpliesen con los pagos. 

Para quien no ha entregado parte de su salario, ponerse al corriente ahora puede suponer un duro golpe económico. Por ejemplo, a un subdirector, que es el escalafón más bajo que debe aportar, se le pide el 5% de un salario neto de 30 mil 793 pesos, por lo que la aportación sería de mil 539 pesos al mes. Así que alguien que no hizo su pago previamente ahora debería desembolsar 7 mil 500 pesos, más lo correspondiente del aguinaldo. 

Animal Político consultó al INM sobre este ultimátum y también quiso saber cuántos directivos han pagado hasta el momento y cuántos se han negado, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. 

No es la primera vez que oficiales del INM denuncian ser presionados para que den parte de su salario para el plan anticrisis. La institución que lidera Garduño fue la primera que oficializó la propuesta realizada el 5 de abril del pasado año por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que altos cargos y mandos intermedios renunciasen al aguinaldo navideño para que ese dinero pudiera “ser utilizado en un rubro en favor de la población más vulnerable”. 

Según publicó Animal Político, en reuniones mantenidas el 28 de abril del pasado año, oficiales del INM recibieron presiones para firmar un documento en el que se explicitaba el apoyo al jefe de gobierno y se renunciaba al aguinaldo navideño.

En estos encuentros, los representantes de personal del INM ofrecían dos papeles: por un lado, el que formalizaba la solicitud para renunciar al aguinaldo. Por otro, la renuncia al cargo en caso de no querer realizar el “aporte voluntario”. La inconformidad se extendió al interior de las oficinas del INM y los representantes de Recursos Humanos abandonaron la estrategia del “o renuncias al aguinaldo o renuncias al salario”.

Ahora, la dirección del INM insiste en reclamar el dinero, siempre presentado como “aportación voluntaria”. 

Plan anunciado en abril 

El 5 de abril del año pasado, durante la presentación del plan de rescate económico ante la pandemia de COVID, López Obrador anunció del recorte de sueldos y la retirada del aguinaldo a los funcionarios de su gobierno, lo que causó sorpresa e inconformidad entre los trabajadores, que denunciaron que no fueron consultados para ello.

Luego, el gobierno matizó su discurso y aseguró que no habría recortes salariales, sino que los funcionarios que lo desearan aportarían de manera voluntaria parte de su sueldo.

El 15 de julio, la secretaría de Hacienda envió un oficio a todas las dependencias de la Administración Pública Federal en el que se oficializó la petición de que los servidores públicos hicieran donaciones de entre 5 y 25% de su salario mensual neto, según el nivel de su plaza. Los funcionarios que debían hacer aportaciones eran el presidente de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, directores de área y subdirectores.

Según la petición, los directores generales deben donar 17%; los directores generales adjuntos, 14%; los directores de área 10% y los subdirectores de área, 5%. 

En ese oficio, Hacienda puso a disposición de los trabajadores una cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación para que hicieran depósitos en ventanilla cada mes.

Luego, el 6 de noviembre, la secretaría de Hacienda envió otra circular en la que estableció los lineamientos para que los funcionarios entregaran al gobierno una parte de su aguinaldo.

Para ello, la dependencia incluyó en el oficio un tabulador que indicaba cuántos días de aguinaldo debía aportar el trabajador en virtud de su nivel salarial. Así, mientras que un secretario de Estado tuvo que renunciar a 20 días de su aguinaldo, un subdirector de área renunció a entre uno y siete días de esa prestación.

La inconformidad al interior del Instituto de Migración, que ha tenido un rol clave en la aplicación de los acuerdos con EU para frenar el flujo hacia la frontera norte, no se limita al recorte de salario entre los directivos. Diversas fuentes consultadas se quejan de la falta de medidas adoptadas para proteger a los funcionarios de los contagios.

Aunque el INM no hizo nunca público el dato sobre cuántos oficiales habían enfermado, Animal Político pudo saber, gracias a una solicitud de transparencia, que al menos 186 funcionarios se contagiaron de COVID-19 durante el pasado año. Estos se suman a los 52 migrantes que enfermaron, según la propia institución que dirige Garduño.

Con información de Animal Político

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